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Podemos pide que se cubra una farol con cables sueltos frente al colegio Los Arcos de El Cobre

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Lamentan la falta de seguridad en la que el Ayuntamiento mantiene los alrededores del colegio así como el mal estado en que la Junta tiene el centro educativo.

Podemos Algeciras ha pedido esta mañana la intervención inmediata del Ayuntamiento de Algeciras ante el estado en el que se encuentran las farolas de alumbrado público de la carretera de El Cobre, especialmente la que se sitúa frente a la puerta del colegio público Los Arcos del Cobre, con el consiguiente riesgo para la seguridad de los niños y niñas que acudan diariamente al centro.

Para Ricardo Sánchez, secretario de Sociedad Civil de Podemos Algeciras, “es intolerable que se ponga en peligro diariamente la salud de los más pequeños, sin que el Ayuntamiento haga absolutamente nada por evitarlo”, por lo que pide “una intervención inmediata para cubrir el cableado eléctrico suelto de estas farolas”.

Sánchez recuerda que “ya se vivió hace poco un trágico suceso en Los Barrios por la falta de protección del alumbrado público, y no queremos que haya nada que lamentar en el futuro”, por lo que exige al equipo de Gobierno “que vele por la seguridad de los niños”.

Del mismo modo, el secretario de Sociedad Civil de Podemos lamenta el mal estado en el que la Junta de Andalucía mantiene el colegio, con muros resquebrajados y vallas oxidadas en el patio de Infantil que, igualmente, “son una amenaza para la integridad física de los alumnos y alumnas”.

Ricardo Sánchez apunta también a las condiciones “lamentables” del cuarto de baño así como el comedor, que es “un aula improvisada con pupitres como mesas”.

La ausencia de salón de actos o de pabellón de deportes son otros de los elementos que contribuyen a que “los alumnos estén dando clases en unas condiciones deplorables”, por lo que exige la intervención de la Junta de Andalucía.

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ASSP planta al PP en la comisión de reglamento organico

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Solicitan la RPT para demostrar que la retirada de los funcionarios adscritos responde a un bloqueo político y no a una necesidad de personal cualificado.

El grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede (ASSP) ha suspendido esta mañana su presencia en la reunión de la comisión de reglamento del Ayuntamiento de Algeciras en señal de protesta por la maniobra de zancadilla política que esconde la decisión del PP de anular la adscripción de personal funcionario a los grupos municipales, una propuesta que llevarán al próximo Pleno con la que quieren impedir que la formación, auspiciada por Podemos, continúe realizando el trabajo de oposición que viene haciendo hasta ahora.

La salida de la reunión, conjunta con los grupos municipales de PSOE e IU, ha escenificado el rechazo a una propuesta antidemocrática que Landaluce ha adoptado sólo tres días después de verse obligado por un juez a entregar la documentación reclamada durante meses por ASSP, a la que el alcalde se negaba a responder en su continuada posición de negar el papel de fiscalización que debe jugar la oposición y en su evidente alergia a las reglas del juego democrático.

La propuesta del PP va en una doble línea. Por un lado, suprimir la adscripción de cualquier funcionario municipal a los grupos políticos o, en todo caso, suprimir cualquier adscripción de funcionarios de las categorías A1 y A2, las de mayor cualificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El portavoz de ASSP, Alejandro Gallardo, ha señalado a la salida de la reunión que “dudamos que sea una propuesta por cuestiones técnicas. Por eso hemos pedido las funciones que desarrollaban de antemano las personas adscritas al grupo municipal”, al tiempo que se ha solicitado también la RPT del Ayuntamiento, “porque seguro que muchos funcionarios que son A1 y A2 no están desempeñando funciones acordes a su cualificación y podría reorganizarse el Ayuntamiento mucho mejor sin tener que tocar a los funcionarios adscritos al grupo”.

“Es un problema de organización que el PP no quiere abordar porque le importa poco y ha hecho esto por un bloqueo político, para reducir la capacidad de oposición al resto de grupos”, ha añadido.

Gallardo señala que “la propuesta llega directamente antes de la comisión de reglamento. No hay comunicación alguna antes con los grupos políticos, como habría sido lo normal. Ahí vemos el sentir democrático del PP, que es ninguno”.

El portavoz de ASSP ahonda en que “podemos ver la falta de respeto del alcalde en cada Pleno. Tenemos que pedir juntas de portavoces extraordinarias para que nos informe de cuestiones de las que no informa y hemos tenido que acudir al juzgado para que nos entregue documentación que no nos quiso entregar”.

“En esa misma documentación, que al final nos entregó por orden de un juez, hemos podido comprobar que los documentos que pedíamos llevaban cuatro meses en la mesa de la concejal Eva Pajares, lo que evidencia que no había ningún problema técnico para entregárnosla, sino que era un bloqueo político. Además, tres días después de entregarnos esa documentación nos viene con esta propuesta, una reacción inmediata a nuestro trabajo en la oposición, lo que demuestra que se trata de una represalia y una zancadilla política”, ha concluido.

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Lo único que salva al ayuntamiento de no estar intervenido es que es del mismo partido que Montoro

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Podemos considera que la intervención del Ayuntamiento de Madrid es una maniobra política ante unas cuentas que han reducido un 40% la deuda municipal
Alejandro Gallardo pide un debate serio sobre la financiación de los ayuntamientos y recuerda que Landaluce incumple la regla de gasto año tras año de forma flagrante
Podemos Algeciras considera que “lo único que salva al Ayuntamiento de Algeciras de estar intervenido es que es del mismo color político que el ministro Montoro, que ha decidido intervenir el Ayuntamiento de Madrid como maniobra política mezquina”.
Alejandro Gallardo, portavoz de Algeciras Sí Se Puede (ASSP), agrupación auspiciada por Podemos, señala que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Ayuntamiento de Algeciras incumple de forma flagrante la regla de gasto y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que tiene una deuda del 180% de sus ingresos.
El informe de AIref desvela que hay nueve ayuntamientos del Partido Popular que incumplen la regla de gasto, como son Murcia, Torrejón de la Calzada, El Álamo, Jaén, Ceutí, Vilanova de Arousa, Parla, Macael y Algeciras.
“La gestión de Landaluce es nefasta y no está cumpliendo con la ley, que significa que hemos vendido las competencias al Estado español, que nos asfixia”, apunta Gallardo, que recuerda que la deuda municipal de Algeciras sigue creciendo, situándose en su última medición en 184 millones de euros.
La medida de Montoro responde, según el edil, “sólo a cuestiones políticas, ya que Carmena ha reducido la deuda municipal un 40% y ha generado mil millones de superávit”, por lo que considera que “lo que el ministro pretende es que no se vea la gestión de lo público hecha desde los partidos del cambio, mientras tapa la gestión nefasta de los ayuntamientos de sus compañeros de partido, como Landaluce”.
Alejandro Gallardo rechaza la intervención de las cuentas municipales de los ayuntamientos como medida deseable, y apunta que “lo que hace falta es un debate serio sobre las financiaciones en los ayuntamientos. Esto es lo que debería hacer el PP a todos los niveles y no utilizar la ley como arma política”.
El portavoz de ASSP llama la atención acerca de que “la gestión de Landaluce no está haciendo más que incrementar la deuda, cerrando ejercicios económicos a golpe de préstamos, hipotecando el futuro de los algecireños y las algecireñas y dejando un panorama desolador a las corporaciones futuras”.
Para el portavoz de ASSP, “la nefasta gestión económica del Ayuntamiento se demuestra año tras año, en unos presupuestos que reducen a cero el gasto destinado a políticas sociales y barriadas y con unas cuentas que no hacen más que arruinar a la ciudad”.

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ASSP denuncia represalias de Landaluce contra funcionarios adscritos a los grupos

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Decide suprimir la adscripción de funcionarios de asesoramiento especial días después de tener que entregar a ASSP la información reclamada por orden judicial, en un claro ataque político para bloquear la fiscalización del trabajo municipal.

ASSP recibe la documentación reclamada durante meses, donde se demuestra que el bloqueo a la información pública era un bloqueo político, ya que la documentación llevaba meses en los despachos de los concejales responsables
El equipo de Gobierno del Partido Popular (PP) ha tomado hoy la decisión de impedir que los funcionarios con funciones de asesoramiento especial sigan prestando servicio a los grupos municipales. Esta decisión del PP es un ataque político a Algeciras Sí Se Puede (ASSP), ya que se adopta como consecuencia directa de la orden judicial que obligaba al alcalde, José Ignacio Landaluce, a dar respuesta a la reclamación de documentación pública de la formación morada.

El PP ha comunicado su decisión en la comisión de reglamento municipal celebrada esta mañana, con la intención de aprobarla en el próximo Pleno. La medida se ampara en una supuesta “necesidad imperiosa de contar con personal cualificado”, con la que esconde su verdadera justificación, una represalia política por la función de asesoramiento que ha permitido que ASSP realice una labor de fiscalización durante meses, solicitando por vía administrativa documentación que nunca se proporcionaba, y que ha culminado con la orden judicial “urgente” que ha obligado a Landaluce a entregar la documentación pública al grupo municipal, auspiciado por Podemos.

La medida adoptada por el PP es una maniobra caciquil y represiva, que lo que pretende es bloquear la capacidad de ASSP de seguir fiscalizando el trabajo municipal, y que modifica en la mitad del mandato el acuerdo del Pleno de organizaciónque ellos mismos aprobaron para facilitar la adscripción de funcionarios municipales a los grupos políticos de la Corporación.

Documentación

El grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede recibió el pasado viernes la documentación que había sido reclamada durante meses y que, ha sido como consecuencia de una resolución judicial, cuando ha sido proporcionada por el equipo de Gobierno. Así consta en los propios documentos, en los que se comunica: “en relación con la diligencia de ordenación dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Algeciras, en el procedimiento de derechos fundamentales, adjunto le remito documental referida”.

Esta documentación, que ya obra en poder del grupo municipal de ASSP, está siendo analizada con el objetivo de responder de forma minuciosa a los motivos que provocaron su solicitud. Una vez haya sido realizado este trabajo, se dará a conocer de forma pública a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Algeciras, para arrojar luz democrática sobre aspectos que deben ser de dominio público y que el PP se ha esforzado por ocultar.

Este bloqueo político de la información pública queda demostrado en la propia documentación recibida. En ella se refleja, por ejemplo, cómo ASSP pidió el informe de no afección del arroyo Cachón por las obras de Grupo SAM el pasado 18 de abril y que esta solicitud quedó en la mesa de la responsable política, la concejal Eva Pajares, hasta el 23 de agosto. Es decir, la solicitud de información ha estado cuatro meses en la mesa de la responsable política, sin que esta le diera salida para su tramitación por parte de funcionarios del Ayuntamiento, un hecho que demuestra por sí solo la posición antidemocrática e ilegal que el PP ha tomado en relación al derecho de sus ciudadanos y ciudadanas a estar informados.

El argumento esgrimido por Landaluce de que la solicitud de información satura el trabajo de los funcionarios queda también en evidencia en esta documentación, no sólo porque se ha demostrado que el bloqueo era político y no técnico, sino porque, en el momento en el que el juez les ha obligado a entregar la documentación, lo han hecho sólo en el plazo de siete días.

Hay que recordar que, por ejemplo, el delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, dijo en Pleno que tardaría un año en poder entregar las facturas de los proveedores municipales, y estas han sido entregadas en sólo siete días una vez que ha sido un juez el que lo ha exigido.

ASSP está estudiando qué tipo de medida adoptar como consecuencia de la decisión del PP de suprimirle la adscripción de funcionarios con cualificación de asesoramiento especial, habida cuenta de que se trata de una decisión política tomada como una evidente represalia por la labor de oposición que ha desembocado en una vergonzosa orden judicial que ha retratado el carácter antidemocrático de Landaluce y su equipo de Gobierno.

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ASSP propondrá al Pleno reabrir la oficina de denuncias de la Policía Nacional en Fuerzas Armadas

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En otra moción, se solicitará un censo de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica y otras confesiones y que se modifique la ley que les exime del pago del IBI
El grupo municipal de Algeciras Sí Se Puede (ASSP), agrupación auspiciada por Podemos, ha presentado dos mociones al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Algeciras que se celebrará mañana, en las que la formación morada solicitará que se reabra la oficina de denuncias de la Policía Nacional en la avenida Fuerzas Armadas y que se aumente la plantilla destinada a la tramitación del DNI y, por otro lado, que se realice un censo de los bienes inmuebles de la Iglesia Católica y otras confesiones y modificar la legislación para suprimir la exención del pago del IBI.
En la primera de las mociones, ASSP propondrá al Pleno de la Corporación la solicitud de reapertura de la oficina que la Policía Nacional tenía en sus dependencias de la avenida Fuerzas Armadas para atender las denuncias por infracciones penales de trámite sencillo. La reapertura de estas instalaciones daría respuesta a las numerosas demandas por parte de los ciudadanos que reclaman unas oficinas en el centro de la ciudad.
Del mismo modo, solicitarán que se aumente la dotación de medios personales y técnicos para el servicio de expedición del DNI y el pasaporte, delegado para dichas dependencias, ya que en la actualidad hay una gran saturación, con una lista de espera de más de dos meses e, incluso, habiendo llegado al punto de no poder fijar una cita previa.
No existe tampoco la posibilidad de gestionar el DNI o el pasaporte de forma urgente, ya que todas las horas están ocupadas por aquellas personas que lo solicitaron por internet, lo que provoca muchos problemas a los ciudadanos que lo necesitan con urgencia para trámites administrativos o viajes.
En la segunda moción, ASSP pedirá la elaboración de un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos propiedad de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, especificando cuáles de estos bienes no están dedicados al culto, la cuantía que les correspondería pagar en concepto de IBI y la norma legal en la que se ampara la exención.
Del mismo modo, la formación morada pedirá en su moción instar al Gobierno de España a que realice los cambios necesarios en la Ley de Haciendas Locales y en la de Mecenazgo, para que se suprima la exención del IBI a la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas respecto a los inmuebles en los que desarrolle actividades económicas sin una finalidad estrictamente religiosa.

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Podemos trasladará al Parlamento Andaluz la situación de los alumnos de soldadura del Ventura Morón

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La parlamentaria andaluza Libertad Benítez trasladará una pregunta sobre la situación de falta de docentes que atraviesa el centro educativo algecireño.

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha anunciado que trasladará una pregunta parlamentaria a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la que pedirá explicaciones sobre la situación que atraviesan los alumnos del grado medio de soldadura y calderería del IES Ventura Morón, que después de más de un mes matriculados en dichos estudios ven cómo no pueden recibir la formación adecuada por la falta de profesores.

La parlamentaria andaluza de Podemos Libertad Benítez preguntará también cuáles son los planes de la Junta de Andalucía para con el centro, sobre todo en relación a unos estudios de soldadura y calderería que no están pudiendo cubrirse debido a la dejación de funciones de la Administración, que mantiene a los alumnos aún a la espera de docentes.

Benítez solicitará también una reunión con la delegada territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz, Remedios Palma, para trabajar en una solución al problema de abandono que está sufriendo este alumnado. La parlamentaria andaluza contempla también visitar Algeciras en los próximos días para conocer de cerca la problemática de los alumnos.

Desde Podemos Algeciras, el apoyo a los alumnos ha sido inmediato desde el primer día, acompañándolos en las concentraciones que vienen manteniendo a las puertas de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

Podemos considera “lamentable” que un grupo de jóvenes con aspiraciones profesionales y con entusiasmo por recibir una formación profesional orientada al mercado laboral, vean cómo la Junta de Andalucía frustra su futuro haciendo imposible el desarrollo normal de las clases por la ausencia de profesores.

La formación morada pide una respuesta inmediata a la Junta, ya que el tiempo transcurrido ya del curso escolar es una amenaza de cara a que los alumnos puedan terminar el ejercicio educativo con la adecuada formación teórica y práctica.

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ASSP afirma que “el PP niega el apoyo institucional a los trabajadores despedidos de Imtech al rechazar su moción”

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El PP niega el apoyo institucional a los trabajadores despedidos al rechazar la moción presentada por ASSP contra la precarización laboral en la comarca.

El grupo del Partido Popular en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha votado hoy en contra de la moción presentada por el grupo de Algeciras Sí Se Puede (ASSP) contra la precarización laboral en el Campo de Gibraltar, que incluía la petición del apoyo institucional del ente comarcal a los trabajadores despedidos de Imtech y Euroresa, si bien los primeros han alcanzado ya un principio de acuerdo con la empresa a través del Sercla.

El grupo auspiciado por Podemos solicitaba en su moción que se instara a la Junta de Andalucía a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del pacto por la industria y por la recuperación del empleo en el territorio del Campo de Gibraltar.

Igualmente pedía que los miembros de la Junta de Comarca de la Mancomunidad mostrara el apoyo unánime a los trabajadores despedidos de Imtech y Euroresa, así como instar a las empresas de la Asociación de Grandes Industrias (AGI), fundamentalmente Cepsa y Acerinox, a que exijan a las contratas que cumplan en sus instalaciones con la legalidad laboral, como entidades responsables de los centros de trabajo y, en el caso de los trabajadores despedidos de Imtech, que la empresa Masa proceda a la subrogación de los que así lo soliciten. Finalmente, la moción pedía instar al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas necesarias para derogar la actual reforma laboral.

El grupo del Partido Popular ha optado por votar en contra de la moción, con lo que rechaza de esta forma el apoyo institucional de la Mancomunidad a los trabajadores despedidos.

La representante de ASSP en la Mancomunidad, Leonor Rodríguez, ha calificado de “muy grave” la posición que ha adoptado el grupo del PP ante un conflicto laboral “que está provocando un verdadero drama en muchas familias de trabajadores, que ven una vez más cómo las instituciones le dan la espalda”.

Rodríguez ha defendido que “la austeridad no puede ser la solución a la crisis. No nos creemos los datos del paro que nos enseñan y, al final, lo que subyace en estos conflictos es una grave situación de precariedad generaliza”. Por eso, considera que “precarización del empleo que estamos viendo en estos conflictos no es ni más ni menos que consecuencia de la reforma laboral del PP”.

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El juez da cinco días a Landaluce para que facilite la información pendiente a ASSP

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Algeciras pide que informe de forma “urgente” de los asuntos que la formación lleva meses solicitando.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Algeciras ha dado respuesta a Podemos en relación a su demanda por la obstrucción permanente del alcalde, José Ignacio Landaluce, al acceso de los concejales de Algeciras Sí Se Puede (ASSP) a la información pública que reclaman en los últimos años sobre asuntos que son de interés de la ciudadanía.

En una notificación escrita fechada hoy 24 de octubre, el titular de la sala da al alcalde un plazo de cinco días para que, “con carácter urgente”, proporcione la documentación que viene siendo solicitada en los últimos meses por el grupo municipal auspiciado por Podemos, solicitudes antes las que el equipo de Gobierno del PP no hace más que interponer todo tipo de trabas.

Esta resolución judicial da un ultimátum a Landaluce después de muchos meses de reclamaciones en el ámbito administrativo, ninguna de las cuales fueron atendidas. Incluso el Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido que intervenir para pedir que se faciliten las facturas que se están pagando a los proveedores municipales, y también el silencio ha sido la respuesta.

El portavoz de ASSP, Alejandro Gallardo, resalta que “en ningún momento hemos querido hacer uso de este recurso para judicializar la vida política. Es lo último que hubiéramos deseado hacer. Pero el desprecio permanente del alcalde a las peticiones de información de nuestro grupo municipal y el resultado nulo de nuestras reclamaciones para que nos atendiera nos ha obligado a acudir a esta vía”.

De hecho, los concejales de ASSP, Alejandro Gallardo y Leonor Rodríguez, ya ofrecieron el pasado 21 de septiembre una rueda de prensa para pedir públicamente al alcalde que diera respuesta a sus reclamaciones de documentación pública, y advertían entonces de que se verían obligados a acudir a los tribunales en caso de persistir la actitud del primer edil.

Podemos destaca en su denuncia que la negativa permanente de Landaluce y el equipo de Gobierno del PP a dar información que debe ser pública para los ciudadanos supone que se “está vulnerando el artículo 23 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

La documentación que la formación morada lleva meses esperando del equipo de Gobierno son los informes de no afección del cauce del arroyo Cachón por los movimientos de tierra del Grupo SAM, el cumplimiento del pliego de condiciones del servicio de Playas y el listado de las facturas pagadas y pendientes de pago a los proveedores de servicios del Ayuntamiento.

Alejandro Gallardo espera que la notificación del juez “haga que el alcalde deponga su actitud antidemocrática y de falta de respeto al derecho de los ciudadanos a estar informados” y lamenta que “el despotismo de este alcalde nos haya obligado a acudir a los tribunales y que haya tenido que ser un juez el que intervenga para exigirle que cumpla con sus obligaciones al frente de una institución democrática”.

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Interior impide la entrada en el CIE de Algeciras a dos diputadas de Unidos Podemos

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Las diputadas de Unidos Podemos Ione Belarra, portavoz en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados; y Noelia Vera, diputada por Cádiz y portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos; y la concejala de Algeciras Sí Se Puede Leonor Rodríguez han visto impedida su entrada al centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Algeciras, el que más denuncias acumula de todo el estado.

La visita, prevista para este viernes 20 de octubre, había sido comunicada en tiempo y forma al Ministerio del Interior a pesar de que el control de una posible vulneración de Derechos Humanos en el CIE forma parte del normal funcionamiento de la actividad parlamentaria y no requiere de autorización previa.

“Esta vez se escudan en que el Comité para la Prevención de la Tortura está visitando España entre el 17 y el 25 de octubre”, ha explicado a las puertas del CIE la diputada Ione Belarra que tachaba de irresponsable “utilizar un organismo internacional de reconocido prestigio que busca prevenir situaciones como ésta como excusa”.

Las diputadas, que se habían trasladado hasta el CIE de Algeciras atendiendo a las denuncias de numerosas organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los Derechos Humanos -la última, esta misma semana, de la jueza de control del propio CIE- han pedido el cierre de los centros de internamiento de extranjeros que califican de “agujeros negros del Estado de Derecho” y, en concreto, el de este CIE de Algeciras por ser el que se encuentra en peores condiciones de todo el Estado.

“El CIE de Algeciras acumula más denuncias que ningún otro centro de internamiento de extranjeros y eso es lo que el Gobierno no quiere que veamos. Es una decisión puramente política desde el Ministerio del Interior para entorpecer nuestra labor como diputadas”, ha denunciado Noelia Vera, que recordaba que, sólo en la provincia de Cadiz, hay dos centros de internamiento de extranjeros (en Tarifa y en Algeciras) “donde las condiciones de vida son absolutamente lamentables”.

“El Ministerio de Interior, una vez más, está entorpeciendo la que es nuestra labor parlamentaria fundamental: la de control al gobierno, e incurriendo en prácticas antidemocráticas, al no facilitar nuestro trabajo de representación de la ciudadanía”, ha concluido Belarra.

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Podemos espera que la Junta cumpla y ubique una unidad de hemodinámica en el Punta de Europa

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Según la actual consejera, el proyecto se encuentra en una fase de estudio, mientras que la ciudadanía aguarda una demanda que se prolonga en el tiempo

En la reciente comisión de Salud celebrada en el Parlamento de Andalucía, Podemos preguntó por la promesa que realizó el anterior consejero de Salud, Aquilino Alonso, quien aseguró allá por el mes de junio que antes de que acabara el año, el Hospital Punta de Europa tendría una unidad de hemodinámica: “Han pasado más de cuatro meses y no hemos visto ningún movimiento al respecto para que se convierta en realidad, todo lo contrario, ha crecido el desconcierto y el malestar entre la ciudadanía y los profesionales de la Sanidad”, sostiene Libertad Benítez, parlamentaria andaluza.

La formación recuerda que existen estudios que demuestran que el tratamiento precoz de las patologías cardíacas desde estas unidades reduce la mortalidad a la mitad. “La ausencia de una unidad de hemodinámica en el Campo de Gibraltar aumenta por tanto la mortalidad por infarto en la comarca en comparación con zonas que sí tienen este servicio”, señala Benítez.

La actual consejera de Salud, Marina Álvarez, ha respondido que el proyecto se encuentra en una fase de estudio técnico con la intención de que comienza en las próximas semanas y esté acabado en un plazo de dos meses: “Sólo si este anuncio se cumpliera, significaría un pequeño respiro para las vecinas y vecinos de una comarca que llevan mucho tiempo denunciando las deficiencias y los recortes del sistema sanitario”, ha finalizado Libertad Benítez.

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