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Opinión: El derribo del parking público de la Escalinata, por María José Jiménez

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El lunes 14 de mayo se celebra un pleno municipal extraordinario para abordar una propuesta de acuerdo con los propietarios del edificio Escalinata para resolver los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la construcción del parking ilegal Escalinata, aledaño al edificio.

El acuerdo parece correcto, pues recoge los dispuesto en las sucesivas sentencias y resoluciones judiciales y administrativas que se han ido dictando en relación a las indemnizaciones que corresponden a los distintos propietarios del edificio Escalinata, que sin comerlo ni beberlo, por una ejecución deficiente del concesionario NAUTAGEST SL, y una falta de control del Ayuntamiento, se encontraron en la calle y con su edificio en ruina urbanística. Pero qué ocurre con el derribo acordado en diferentes resoluciones judiciales del parking Escalinata.

Según el acuerdo, el Ayuntamiento de Algeciras indemnizará a la Comunidad de Propietario con algo más de 1,3 millones de euros en cumplimiento de la Sentencia Judicial dictada en el Procedimiento Ordinario 27/2004 y ratificada en la sentencia de 28 de septiembre de 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Algeciras. Y qué pasa con la sentencia firme del TSJA de fecha 16 de diciembre de 2004, recurso contenciosos-administrativo número 987/2001, para la restauración del orden jurídico perturbado por la construcción de un parking ilegal.

A cambio la Comunidad de Propietarios desistirá de las acciones legales que mantiene contra el Ayuntamiento ante la Jurisdicción Penal. Igualmente se instará la suspensión de la ejecución de las diferentes resoluciones judiciales que han acordado el derribo del aparcamiento Escalinata, así como de las oficinas aledañas al mismo. Es necesario recordar que el propio TSJA declaró ilegal el aparcamiento en 2004, y fue ratificado por el Tribunal Supremo en 2006.

¿Cómo queda la legalidad vigente con este acuerdo? Porque un acto ilegal será siempre ilegal. Y las sentencias deben cumplirse siempre, sobre todo cuando afectan a la ordenación del territorio. Por eso, si Ayuntamiento y las partes incumplen con sus obligaciones legales, debería ser la Junta de Andalucía la que ponga orden ante tanto desorden e ilegalidad urbanística, pues tiene las competencias en materia de urbanismo, y debe establecer los límites entre el PGOU de Algeciras y el Plan Especial de Movilidad Urbana del casco histórico.

Por eso, el Tribunal Supremo en la Sentencia de 4 de noviembre de 2014 no entra a establecer los límites entre PGOU de Algeciras y el Plan Especial de Movilidad, pero explica las relaciones entre uno y otro, declarando nulo de pleno derecho los artículos 17.B.3 y 21.c) del Plan Especial, que se promulgaron con la exclusiva finalidad de legalizar el parking e incumpliendo la sentencia firme de 16 de diciembre de 2004 del TSJA.

Esta Concejal ante la falta de información y de documentación que se trae a Pleno sobre las acciones legales que se mantienen actualmente contra el Ayuntamiento en la vía penal y administrativa no puede tomar una decisión fiable sobre este engorroso asunto. Además, se reserva las acciones públicas a las que pudiera tener derecho para hacer efectivo el derribo del parking Escalinata acordado en las diferentes resoluciones judiciales.

Esta Concejal recabara la intervención de la Junta de Andalucía en ese asunto por ser una cuestión, como dice el Tribunal Supremo, perteneciente al ordenamiento jurídico propio de nuestra Comunidad Autónoma. Y solicitará del Pleno la creación de una Comisión Informativa que investigue las responsabilidades penales, si las hubiera, de anteriores y actuales miembros de esta Corporación por esta infracción urbanística.

María José Jiménez Izquierdo

Concejal del Ayuntamiento de Algeciras

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María José Jiménez denuncia la engañosa liquidación del presupuesto del ayuntamiento de Algeciras

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LA ENGAÑOSA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2.017.

Resultado Presupuestario:

1. Derechos Reconocidos Netos Ejercicio 117.167.490,51 €

2. Obligaciones Reconocidas Netas Ejercicio -96.879.358,63 €

3. Resultado Presupuestario Ejercicio (1-2) 20.288.131,88 €

5. Desv. Financiación Negativas del Ejercicio 495.837,32 €

6. Desv. Financiación Positivas del Ejercicio -1.506.639,28 €

Resultado Presupuestario Ajustado (3+5-6) 19.277.329,92 €

Esta liquidación está presentada fuera de plazo (1º de marzo del ejercicio siguiente), pero esto no es lo importante, sino el artificio contable que han hecho con los números del Ayuntamiento.

Por supuesto, los derechos reconocidos no se van a cobrar en esa cuantía y las obligaciones reconocidas tampoco se pagarán. Así que, ¿cómo se puede vender a los medios de comunicación y al pueblo de Algeciras un superávit de 19,3 millones de euros sabiendo que el Mº de Hacienda nos ha requerido perentoriamente, hace menos de un mes, para que se pague a los proveedores bajo amenaza de intervenir los ingresos municipales?

Es más, dice Hacienda que es probable que algunos de los requeridos (13 ayuntamientos más la Diputación de Cádiz), no puedan remontar su morosidad y tengan que entrar en programas especiales de ayuda. Además, se atreven a decir que las cifras de 2017 cumplen todos los parámetros exigidos por la ley: Plan de Ajuste, Ley de Estabilidad Presupuestaria y Reglas del Gasto. ¿A quién pretenden engañar el alcalde y su delegado de Hacienda?

Remanente de Tesorería:

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

1. Fondos Líquidos Tesorería a 31/12/2017

5.123.048,83

2. Derechos pendientes de cobro a 31/12/2017

168.992.777,67

+ De Presupuesto Corriente

23.321.062,95

+ De Presupuestos Cerrados

146.644.439,47

+ Deudores no presupuestarios

-972.724,75

3. Obligaciones pendientes pago a 31/12/2017

66.931.493,69

+ De Presupuesto Corriente

17.552.814,60

+ De Presupuestos Cerrados

42.434.265,07

+ Acreedores No Presupuestarios

6.944.414,02

4. Partidas pendientes de aplicación

3.017.998,99

– Cobros Pendientes de Aplicación Definitiva

19.486.626,85

+ Pagos Pendientes de Aplicación Definitiva

22.504.625,84

I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 – 3)

110.202.331,80

II. Saldos de dudoso cobro

113.966.991,96

III. Exceso de Financiación Afectada

10.055.590,58

IV. Remanente Tesorería Gtos. Grales (I – II – III)

-13.820.250,74

En el Remanente de Tesorería la ingeniería contable es de nivel, porque destacan la reducción de su negativo de 105 millones de 2011 (¿real?) a los 13,8 con el que cierran el ejercicio del 2017. Es más, en principio hay 169 millones de euros pendientes de cobro, pero al final 114 millones son de dudoso cobro o de difícil o imposible recaudación según el Interventor, que continúa diciendo en su informe “si algo resulta preocupante en el análisis del referido Remante de Tesorería es el incremento año tras año de los saldos de dudoso cobro en cuantía significativa. En esta ocasión un incremento como decíamos de 7.725.140,81€, lo que sitúa la provisión en 113.966.991,96€ que la ley considera que la Corporación difícilmente los va a poder cobrar y que se corresponden con derechos de muchísima antigüedad”. Cuántas mentiras y engaños del equipo de Gobierno para no decir que estamos en bancarrota.

Deuda municipal

Según el informe de Intervención, el nivel de endeudamiento financiero total, contemplado en las operaciones de crédito, asciende para las operaciones de tesorería a corto plazo a 3.450.000,00 euros, algunas ya han sido transformadas en operaciones a largo. Las operaciones de crédito a largo plazo ascienden a 170.660.302,18 euros, considerando el capital vivo teórico sobre vencimientos independientemente de su pago material y referidas ambas a 31 de diciembre de 2.017, hacen un total de 174.110.302,18 euros.

Los recursos ordinarios liquidados en el Presupuesto de la Corporación ascienden a 96.988.167,02 euros. Así que estamos en el 110 % de los recursos ordinarios por operaciones corrientes que es de 106.686.983,72 euros (Art. 53 TRLRHL). Por consiguiente, el endeudamiento financiero sobrepasa dicho límite en la cantidad de 67.423.318,46€. Pero son justificados por la concertación de los préstamos acogidos al Real Decreto Ley 4/2012 y Real Decreto Ley 8/2013 de pago a proveedores, en su momento. Así como más recientemente por el acogimiento al Fondo de Ordenación del RDL 17/2014, de 26 de diciembre, de Medidas de Sostenibilidad Financieras de las CC.AA. y Entidades Locales y otras de carácter económico. Pero el problema está en el próximo endeudamiento, con el que superaremos todos los porcentajes posibles, pues el Mº de Hacienda advirtió a nuestro Ayuntamiento que pese al plan de ajuste en el tercer trimestre del año pasado, aun no se ha enmendado la situación de morosidad por lo que habría que presentar otro plan de ajuste para poder corregirla.

También recuerda el Interventor, al final de su informe, que durante el ejercicio 2017 no tiene conocimiento (¿?) que se haya establecido por la Alcaldía un Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería por lo cual pudiera no garantizarse las prioridades que determina la normativa vigente. Y recomienda la conveniencia que durante el ejercicio 2.018 se desarrollara el citado instrumento para dar cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias en esta materia. ¿Qué hará el señor Alcalde?, porque este recordatorio se lo hace el Interventor todos los años desde 2015. Desastre total.

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Opinión: El Brexit y el Campo de Gibraltar, por María José Jiménez

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Los miembros de la Comisión Mixta de diputados y senadores, encargada de la ponencia sobre el “brexit”, han completado esta semana su ronda de contactos en el Campo de Gibraltar para conocer las demandas y necesidades de la zona ante la decisión británica de abandonar la Unión Europea.

Representantes de dicha comisión han coincidido en considerar el “brexit” como una oportunidad para que se atiendan necesidades históricas de esta comarca y darle un impulso económico a través de distintas acciones. Los problemas de desarrollo del Campo de Gibraltar ya estaban ahí antes del “brexit” y el esfuerzo coordinado de las administraciones es ahora más necesario que nunca.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión Mixta de la Unión Europea, Concepción de Santa Ana, dijo al final de la visita que esta es “una zona importante para el Gobierno de España y siempre ha dejado claro que la prioridad son los ciudadanos, en especial los trabajadores transfronterizos, y garantizar sus derechos de cara al Brexit”.

¡Mentira! Otra reiterada contradicción entre lo que dice y hace el Gobierno del Partido Popular por esta Comarca, solo hay que ver los Presupuestos Generales del Estado o sus planes de infraestructuras o de inversiones para la zona. Es más, según la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la Comisión de Asuntos Exteriores instara al Gobierno a:

1. Alcanzar un acuerdo bilateral con el Reino Unido en la aplicación del periodo transitorio (…), en los términos más favorables a los intereses españoles y en particular a los habitantes del Campo de Gibraltar.

2. Acordar una gestión conjunta del aeropuerto en dicho periodo transitorio…

3. Avanzar en un entendimiento bilateral con el Reino Unido sobre la reintegración territorial de Gibraltar y del istmo…

4. Mantener una posición unitaria ante el Reino Unido de los 27 Estados Miembros (…), en interés de los objetivos señalados que incumben a España.

5. Impulsar una posición unitaria dentro de España (…), que haga sostenible una política de Estado definida por encima de los cambios de Gobierno.

Sin entrar en el tema de la soberanía, que no me corresponde, dónde quedan los derechos de las personas (libertad de circulación, identidad, personalidad jurídica, derecho al trabajo), y la atención a los ciudadanos que viven en Gibraltar y qué pasa con el colectivo de trabajadores que tienen su empleo en La Roca, y que pueden quedarse en paro.

Es obvio que la moción plantea un “brexit” duro, pues, aunque habla de los intereses españoles de los habitantes del Campo de Gibraltar, en realidad, trata sobre soberanía y banderas. Y con las banderas, que yo sepa, no se come.

Esta Moción del Partido Popular fue aprobada en el Senado con el apoyo de PSOE y ERC y la abstención de Podemos, PDeCat y Compromis, que habían presentado otra moción reivindicando los derechos de los más de 300.000 británicos residentes en España e instando a los gobiernos de España y el Reino Unido a establecer un convenio para que estos ciudadanos pudieran optar por la doble nacionalidad una vez que se completara el “brexit”. Esta iniciativa fue rechazada por el PP, PSOE y la abstención de ERC, debido a que sólo se contempla la dobla nacionalidad con países que tienen una especial vinculación con España. ¿Y Gibraltar y los gibraltareños? ¿Qué pasa con ellos? ¿No tienen vínculos con España?

Una vez más, los habitantes de un lado y otro de la Verja tendremos que aprender a sobrevivir como se hizo tras el cierre de la frontera con el franquismo. Pero debemos seguir planteando y reclamando un clima de entendimiento mutuo más allá de los impulsos nacionalistas que solo sirven para ocultar malas noticias. Y buscar relaciones de buena vecindad que generen riqueza y empleo, que beneficien a los ciudadanos campogibraltareños y gibraltareños al margen del contencioso sobre la soberanía. Porque con la Moción aprobada en el Senado les sobran razones a los gibraltareños para encerrarse de nuevo en la Roca. Se acabaron los sueños de Europa y de un Campo de Gibraltar en busca de su identidad. Ni quieren, ni nos dejan.

María José Jiménez Izquierdo

Concejal del Ayuntamiento de Algeciras

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Opinión: Clientelismo electoral con los programas de ayuda a la contratación, por María José Jiménez

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Este lunes se ha publicado en la web y los tablones de nuestro Ayuntamiento el Decreto de Alcaldía de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho con el listado provisional de personas admitidas y reservas del Programa de Ayuda a la Contratación.

El Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, gestionado a través del Ayuntamiento de Algeciras, tiene por objeto paliar situaciones de necesidad derivadas de la dificultad persistente de acceso al mercado laboral de determinados colectivos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Este Programa se materializa mediante ayudas para la contratación laboral de aquellas personas que, empadronadas en el municipio y, cumpliendo los requisitos exigidos en el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, hayan sido previamente seleccionadas para un contrato por una duración determinada entre 15 días y tres meses

Este programa ya tiene una continuidad desde el 2014 en nuestro municipio y durante estos años se ha ido contratando a numerosas personas para proporcionarles una experiencia laboral útil para su posterior inserción en el mercado laboral. Este año el Ayuntamiento de Algeciras ha recogido 1.458 solicitudes pero la contratación será similar a la de años anteriores, unas 147 personas.

Sin embargo, hemos detectado en estos listados la repetición de algunos nombres en varios años, en concreto hay 8 personas que han salido beneficiarias de la contratación en los años 2016, 2017 y 2018, 23 en 2016 y 2017, y 29 en 2017 y 2018. Beneficiarios que se repiten por sus circunstancias, pero con los que no se cumple el fin último del programa que es proporcionar experiencia laboral útil a sectores de población con necesidades sociales especiales.

No me llama la atención que el equipo de gobierno use en su propio beneficio electoral y clientelar estos programas de empleo, pero si la falta de transparencia y participación en la selección de las personas beneficiarias de esta contratación.

Y no da lo mismo unos que otros porque hablamos de personas en riesgo de exclusión social. Así que seguiré haciendo públicas estas malas prácticas y denunciando la pésima gestión municipal de los temas sociales.

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Opinión: Carta abierta al alcalde de Algeciras, por María José Jiménez

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Señor Alcalde, los trabajadores de ALGESA que estuvieron en huelga de hambre durante 15 días en las vísperas de Navidad han vuelto a la calle para reivindicar sus derechos. Y están dispuestos a retomar la huelga de hambre.

Han perdido la poca confianza que les quedaba en las promesas realizadas por el equipo de gobierno municipal, pues de lo dicho nada de nada. Recordemos que estos trabajadores se quedaron fuera del concurso de ALGESA cuando tenían sentencias firmes considerándolos indefinidos y méritos más que suficientes para consolidar sus plazas como fijos.

Su situación y sus vidas laborales son de sobra conocidas en la empresa pública y en el Ayuntamiento, y fueron verificadas por los servicios jurídicos municipales. Pero usted da la impresión de haber olvidado o no querer saber nada de este tema, aunque ahí están los doce para recordárselo todos los días a la puerta de la Casa Consistorial. Y es que la confianza puede llegar a recuperarse, pero el tiempo perdido y los sufrimientos de estos trabajadores, padres y madres de familia, son imposibles de recuperar. No pueden, y no deberían, esperar años a que la Jurisdicción Social les dé la razón.

Sin embargo, esto no es lo más grave, ahora también son perseguidos, acosados y agredidos sin razón aparente por miembros de la Gerencia y del Comité de empresa de ALGESA (las denuncias están presentadas y se verán en los tribunales). No sé hasta dónde llegarán, pero actúan con total impunidad sin que el Ayuntamiento ponga remedio.

Señor Alcalde se lo he dicho en el Consejo de Administración de ALGESA y en el Pleno Municipal, por favor, ponga orden en esta empresa municipal. No entiendo su falta de voluntad política para resolver este problema, pues tras múltiples reuniones, negociaciones y llamadas era bien fácil aceptar una de las muchas soluciones propuestas por los trabajadores, por sus representantes sindicales, por los abogados o incluso por los técnicos del Ayuntamiento.

Siento lo mal parado que va a salir de este asunto, aunque las encuestas digan lo contrario. Hay que dar la cara ante los problemas, hay que mojarse, implicarse, sobre todo cuando el problema es municipal, de una empresa que usted preside, y de unos trabajadores municipales vecinos de Algeciras que lo están pasando muy mal. Usted fue elegido para resolver problemas, así que cumpla con su compromiso, ponga ilusión y ganas y resuelva los problemas de ALGESA, el pueblo se lo pagará.

Con el respeto y el afecto de siempre,

María José Jiménez Izquierdo

Concejal del Ayuntamiento de Algeciras

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María José Jiménez propone para los galardones del día de Andalucía a AGADEN y Mario Ocaña

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Esta semana la concejal María José Jiménez Izquierdo como miembro de la Corporación algecireña con iguales derechos que los miembros de los grupos políticos municipales, ha propuesto para los galardones del día de Andalucía a la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, AGADEN, y al Profesor Mario L. Ocaña Sánchez, ambos por la defensa de nuestro patrimonio.

En defensa de ambas candidaturas ha presentado una breve semblanza de cada uno de ellos, que aquí se resume:

AGADEN -Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza- nace como grupo ecologista en 1976 como respuesta a la situación por la que estaba atravesando la Naturaleza en la provincia de Cádiz: desaparición de parte de la flora y fauna, deforestaciones, contaminación, desecaciones, especulación urbanística, etc., en definitiva, la pérdida del equilibrio ecológico que pone en peligro la supervivencia de nuestro entorno natural y consecuentemente la degradación de la calidad de vida del hombre como especie.

AGADEN tiene un fuerte componente conservacionista, aunque trata también el ecologismo social y la ecología urbana, y practica un ecologismo totalmente independiente, apolítico y dinámico.

Su ámbito de actuación se ha centrado fundamentalmente en las Bahías de Cádiz y Algeciras. Pero también ha desarrollado actividad ecologista en las comarcas de La Janda y en la Sierra de Cádiz. Es de todos conocido la defensa que hace de nuestra bahía de Algeciras, de nuestra ciudad y de todo nuestro patrimonio natural.

Durante estos 40 años AGADEN ha conseguido grandes logros en la defensa de nuestro medio natural, pero cada día se le presentan nuevos retos y graves problemas ecológicos que siguen dando sentido a su trabajo.

Don Mario Luis Ocaña Torres es Licenciado en Francés y en Historia Moderna y Contemporánea, fue profesor del colegio de la Inmaculada, el IES Isla Verde, el IES Saladillo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de cuyo centro en Algeciras fue director. Hoy, jubilado, mantiene su colaboración con el mundo universitario y sigue con su labor investigadora de nuestra memoria colectiva.

Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas sobre la Algeciras del siglo XVIII, ha colaborado en obras colectivas escribiendo sobre los corsarios de nuestras costas, los orígenes de los pobladores de Algeciras o la Inquisición española. Y no podemos olvidar sus interesantes Libros “El corso marítimo español en el estrecho de Gibraltar (1700-1802)” y “Corso y corsarios en el Estrecho de Gibraltar”. Por todo ello, es obvio que contribuye a ilustrar y engrandecer nuestro patrimonio histórico y nuestra memoria como pueblo.

Espero que se valoren los méritos de ambas candidaturas, y se les reconozca a Don Mario Ocaña Torres y a la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza, AGADEN, su labor en la defensa del patrimonio algecireño y andaluz concediéndoles el galardón del día de Andalucía otorgado por este Ayuntamiento.

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María José Jiménez denuncia que “siguen los vertidos fecales deteriorando nuestras playas”

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“Mientras el equipo de gobierno municipal está en Fitur “promocionando” el turismo en Algeciras, en la Playa del Chinarral se ha producido un vertido de fecales continuo, abundante y manifiesto. Podéis comprobarlo en el vídeo y en las fotos adjuntas”.

“Me parece indignante que en pleno siglo XXI se consientan 34 puntos de vertidos a la bahía y no pase nada. Y encima tengamos que soportar vertidos incontrolados como este. Parece que nuestro entorno natural no le importa a este equipo de gobierno. ¡Pobre Algeciras! Nadie vela por conservar un lugar tan privilegiado como el nuestro”.

“Le recuerdo al gobierno municipal del PP que los artículos 2, 9 y 15 de la propia Ordenanza Municipal Reguladora del uso y aprovechamiento de las playas del término municipal de Algeciras especifican que el Ayuntamiento debe mantener las playas y lugares públicos de baños en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad. Y que en las playas del término municipal de Algeciras está prohibido el vertido de cualquier sustancia que pueda poner en peligro la salubridad pública”.

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“Como concejal he solicitado por escrito que se realice la limpieza de la zona, se investigue de dónde procede este vertido y quién es el responsable del mismo, y se depuren todas las responsabilidades que procedan, incluidas las políticas de aquellos que pudiendo hacer algo, no hacen nada”.

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María José Jiménez afirma que “el Campo de Gibraltar sufrirá un frenazo en infraestructuras esenciales”

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Sergio Pascual, diputado andaluz de Podemos en la Comisión de Fomento, y María José Jiménez Izquierdo, Concejal no adscrita del Ayuntamiento de Algeciras, han repasado los proyectos de infraestructuras recogidos en el Anexo de Inversiones Reales de los PGE para evaluar el impacto de una prórroga de los presupuestos del Estado en el Campo de Gibraltar.

Este anexo de inversiones recoge los presupuestos de entidades tan importantes como RENFE, ADIF, SEITTSA (carreteras), ENAIRE, Puertos del Estado, así como organismos de gestión de cuencas e inversiones de la SEPI.

En caso de prórroga de los Presupuestos generales del Estado para 2018, importantes infraestructuras campogibraltareñas sufrirán un nuevo parón cuyas consecuencias serán muy severas para el desarrollo de nuestra Comarca.

“La Bahía de Algeciras se verá especialmente golpeada, ya que dejará de percibir más de 31 millones de euros en obras cruciales como la línea ferroviaria Algeciras Bobadilla, que pierde 11,6 millones respecto al presupuesto previsto, los colectores de saneamiento de Algeciras, que dejarán de recibir 2 millones de euros o la ampliación del EDAR de San Roque, para el que estaban previstos 6,6 millones de euros para 2018. El Puerto de Algeciras, uno de los motores económicos de la provincia de Cádiz, de Andalucía y del Estado Español, dejará de poder ejecutar más de 9 millones de euros asignados para 2018”.

“Sin querer jugar al victimismo, el Campo de Gibraltar sigue siendo el gran olvidado de los políticos de todos los partidos que han gobernado este país, aún teniendo un potencial de desarrollo único en el sur de Europa. ¿Qué hemos hecho para merecer esto?”.

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Opinión: La relación Puerto-Ciudad, por María José Jiménez

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La semana pasada se reunieron el alcalde de Algeciras y el presidente de la Autoridad Portuaria acompañados por el director del puerto, José Luis Hormaechea, el teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Diego González, la delegada municipal de Medio Ambiente, Laura Ruiz, e ingenieros tanto de la institución portuaria como municipales para ahondar en la coordinación puerto-ciudad. ¡A buenas horas mangas verdes!

No sé qué ha provocado esta reunión, si el Plan Director de Infraestructuras de la APBA o la presentación en el último Pleno Municipal de una moción sobre la posible ampliación portuaria hacia el Sur que afectará a la playa del Chinarral, la Reserva de la Biosfera y el Parque Natural del Estrecho. No obstante, la moción quedó sobre la mesa para tratarla en profundidad en la Comisión de Urbanismo y así intentar llegar a un consenso entre gobierno y oposición sobre este delicado asunto.

Es obvio que el Puerto crecerá, nadie lo pone en duda, pero buscando soluciones entre todos que garanticen un desarrollo sostenible. A tal efecto es conveniente recordar que las reordenaciones portuarias están en manos de las administraciones públicas, concretamente del Ente Público Puertos del Estado dependiente del Ministerio de Fomento. Y en principio esta debería buscar el equilibrio entre los intereses estrictamente portuarios y los urbanos, con esquemas de ordenación que teóricamente respeten las preocupaciones sociales, culturales y medioambientales de la ciudad. Algo que hasta ahora no se ha hecho en el Puerto de Algeciras, ni siquiera con el fracasado proyecto de ordenación del “Llano Amarillo”, que sigue siendo área de espera de la Operación Paso del Estrecho.

En 2005 hubo un concurso para la ordenación de los terrenos del llamado “Llano Amarillo” o Muelle de Ribera de la Dársena Pesquera. La propuesta ganadora del equipo de arquitectos encabezado por A. Cruz y A. Ortiz desarrollaba dicho espacio, integrándolo en el Sistema General de Espacios Libres de la ciudad, y destinándolo a zona de ocio y a equipamiento cultural. Proyectaban recuperar el frente marítimo con un amplio paseo, y un palmeral, que terminaría en un singular edificio cultural, del que nunca más se supo. También contemplaba un nuevo trazado de la avenida Virgen del Carmen, dejando un nuevo espacio verde entre ella y la ciudad, y proyectando también la construcción de un aparcamiento subterráneo bajo su superficie.

Doce años después, ¿qué ocurrió con este desarrollo del Llano Amarillo? Porque la ciudad ha estado reclamando su uso cívico durante muchos años. El presidente de la APBA, Manuel Morón, nos dio la respuesta en un desayuno coloquio patrocinado por CajaSur y organizado por el diario Europa Sur: “La cesión del Llano Amarillo es una Operación de Estado. Para ceder el Llano a la ciudad, con lo que el Puerto está de acuerdo, hay que desarrollar un área alternativa cuyo proyecto duerme el sueño de los justos, en el Ministerio de Fomento, lo contrario sería una irresponsabilidad.”

Ahora la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) ha empezado a esbozar el borrador del Plan Director de Infraestructuras (PDI). Es un documento preliminar que se encuentra a expensas del proceso de evaluación ambiental estratégica, por lo que su recorrido apenas ha dado los primeros pasos. Esta planificación u reordenación portuaria está sometida al imperio de la ley (ley 48/2003 y 9/2006), y aún quedan más de 21 meses para saber cómo crecerá el puerto en un futuro no muy lejano. Pero los plazos pasan pronto y, al final, nos podemos encontrar con la peor opción de las posibles para la calidad de vida de la mayoría de los vecinos y ciudadanos de Algeciras.

Existe ya en las ciudades portuarias una actitud popular negativa a este tipo de desarrollo por parte de colectivos ecologistas, plataformas ciudadanas o asociaciones de vecinos que pueden ser un obstáculo para nuevos crecimientos portuarios por su impacto social y ambiental. Los frentes marítimos se han convertido en áreas muy sensibles a la opinión pública, y en general a los ciudadanos: la connivencia entre frente marítimo y ciudadano va en aumento en proporción al grado de desarrollo de cada comunidad implicada. Los ciudadanos han pasado, en unos pocos decenios, de considerar los puertos como verdaderos motores de la economía urbana y los frentes portuarios como las formas naturales que adopta el frente marítimo urbano, a considerarlos como “frontera”, como ocupantes no deseados de espacios extraordinariamente valiosos que la ciudad debería recuperar cuanto antes para sí.

Por eso recuerdo que existe una Asociación Internacional de Ciudades y Puertos que ha confirmado en su 10ª Conferencia celebrada en Sydney, trece años después de la Carta de Montreal (2002), su voluntad de proseguir con sus acciones a favor del desarrollo sostenible y armonioso en la implementación de los proyectos portuarios para asegurar la coherencia de los mismos. La adhesión de las poblaciones y puertos a los desafíos de desarrollo sostenible es indispensable en todos los proyectos conducidos por la comunidad ciudad-puerto. Esto supone acciones previas de sensibilización de los ciudadanos, la puesta en práctica de procedimientos permanentes de información y de evaluación de todo proyecto portuario y sus objetivos. Y así construir entre todos un porvenir fundado en valores comunes: apertura hacia las demás personas, respeto a la dignidad humana, solidaridad, transparencia y democracia. Muchos puertos españoles se han adheridos ya a la Carta de Sydney y Montreal, cuándo lo hará el de Algeciras.

María José Jiménez Izquierdo

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María José Jiménez pide “transparencia sobre las ampliaciones portuarias”

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La APBA ha iniciado los trabajos previos para la formulación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras (PDI) del Puerto Bahía de Algeciras. Actualmente este documento se encuentra en proceso de evaluación ambiental estratégica.

Este Plan Director de Infraestructuras (PDI) del Puerto tiene por objeto, entre otros, ampliar en 45 hectáreas el muelle de Isla Verde Exterior hacia la Punta de San García para dar cabida al aumento de tráfico que prevé la APBA hasta el año 2030.

Todos los ciudadanos de la bahía de Algeciras tenemos una responsabilidad medioambiental con la bahía, pues es nuestra obligación cuidarla y conservarla para las generaciones futuras, promoviendo su uso sostenible. Pero para ser responsables debemos conocer cómo crecerán las infraestructuras o qué nuevas actividades se instalarán y cuáles serás sus repercusiones medioambientales y sociales.

Sin embargo, poca o ninguna información ha trascendido de dicha ampliación ni por parte del Puerto ni por el Ayuntamiento, cuando deberían haber realizado un gran esfuerzo en este sentido.

La moción adjunta presentada para el próximo Pleno municipal pretende que el Ayuntamiento de Algeciras en Pleno se posicione contra la ampliación portuaria hacia el sur, una de las más viables para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Y también quiere generar debate sobre las distintas opciones que se barajan para esta ampliación portuaria, pues conociendo sus beneficios y perjuicios podremos entre todos tomar la decisión sobre cuál propuesta es la más acertada para seguir desarrollando nuestro Puerto pero respetando la calidad de vida de los algecireños.

No se puede hurtar la información a la ciudadanía sobre ampliaciones portuarias sabiendo que afectará a los vecinos de Algeciras en su forma y calidad de vida.

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