IU exige a la Junta mediante una Proposición No de Ley que “cumpla la normativa” en las altas laborales

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La parlamentaria andaluza, Inmaculada Nieto, denuncia que el criterio médico se está sometiendo a los intereses mercantilistas de sectores privados.

La parlamentaria andaluza por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha presentado, junto con los responsables comarcales de CCOO y UGT en el Campo de Gibraltar, Manuel Triano y Ángel Serrano, una Proposición No de Ley que exige a la Junta de Andalucía que cumpla con la normativa vigente y responda a los compromisos contraídos por el Gobierno Autonómico para acabar con las irregularidades en los procesos de valoración de las altas laborales, “que están ocasionando un grave perjuicio a muchos trabajadores”.

Según ha explicado Inmaculada Nieto, la PNL busca establecer criterios que garanticen el cumplimiento de los Reales Decretos que regulan estos procesos, a fin de que en el control de las incapacidades temporales se aplique el modelo de gestión compartida entre el médico de familia y las Unidades de Valoración Médica de Incapacidades. De esta forma se pretende eliminar cualquier tipo de decisión última que se tome sobre el alta laboral de un paciente “sin cumplir con algo tan básico como que sea convenientemente examinado y sin que su médico de familia sea conocedor de estas valoraciones”. Nieto insistió en la necesidad de que se “garantice siempre la prevalencia del criterio médico sobre cualquier otro criterio”, algo con lo que ahora mismo “no se está cumpliendo como debería”.

Para Nieto, es imprescindible suprimir las llamadas “sesiones de valoración conjunta” entre Médicos de las Mutuas e Inspectores de las UVMIS, pues las mismas no están contempladas en la legislación y suponen de hecho una interferencia o intromisión en la Valoración de la situación de la IT de los pacientes y “una influencia de facto desde el ámbito privado en el sector sanitario público, lo cual es difícilmente admisible”. Y más en un contexto, sobradamente conocido, de “presiones crecientes y sistemáticas por parte de sectores empresariales para que sean las propias mutuas las que puedan dar el alta laboral a los pacientes afectados por procesos de Incapacidad Temporal”.

A juicio de la parlamentaria de IU, la actual manera de proceder “está facilitando que los sectores privados consigan sus propósitos”, ya que, de manera irregular, “se constata que hoy por hoy prima el criterio de la mutua a la hora de dar el alta, el inspector no ve al paciente, no se le escucha y ni siquiera se le hace, a veces, un reconocimiento previo como indica la Ley”. Además, el médico de familia queda excluido de la decisión final, con lo que se le priva de la capacidad para discrepar del alta si lo estima oportuno. Nieto considera “intolerable” que el paciente “no sea ni visto ni escuchado en este tipo de altas”, lo que supone “una vulneración de sus derechos recogidos en la legislación vigente”.

La Proposición No de Ley, que se debatirá próximamente en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, es fruto de un intenso trabajo que tuvo inicio en la provincia de Cádiz, tras las reiteradas demandas de amplios sectores sociales y sindicales del Campo de Gibraltar, comprometidos en la denuncia de estos procesos. A partir de ahí, “hemos ido recabando información que demuestra que se trata de un problema generalizado en nuestra comunidad autónoma y transversal en todos los sectores productivos”, explicó Nieto, quien recordó a la Junta de Andalucía su historial de incumplimientos en la materia: “El Consejero de Salud se comprometió a desarrollar políticas basadas en la gestión compartida entre los médicos de familia y la Inspección, la transparencia y la desburocratización, cuestiones que en modo alguno han sido satisfechas”.

Izquierda Unida considera que detrás de esa inacción o defensa encubierta de un modelo plagado de irregularidades late la influencia de criterios economicistas “a medida de los intereses de las empresas y de las Mutuas, que se imponen sobre los criterios de los profesionales y acaban afectando gravemente a los trabajadores”.

Finalmente, Nieto quiso destacar que la PNL también busca proteger a los inspectores que “han tenido la valentía de discrepar de estos procesos y que, en algunos casos, han podido sufrir medidas de carácter disciplinario por sus críticas, como que se les haya desplazado de sus funciones y responsabilidades”.

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