CCOO demanda la actualización salarial de la plantilla de Algesa

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La sección sindical de CCOO ha trasladado al comité de empresa la necesidad de convocar una reunión con la dirección del Algesa, con el objeto de repercutir en las tablas salariales el incremento del 1% aprobado por los Presupuestos Generales del Estado para el sector público.

Desde la representación de CCOO en la empresa pública Algesa han sostenido la necesidad de que de manera urgente se proceda al incremento salarial del 1% de las nóminas, dando cumplimiento a los dispuesto en los PGE para el presente ejercicio; así como que la empresa proceda al abono de los atrasos generados por este concepto por la retroactividad de esta norma cuya aplicación debe retrotraerse al 1 de enero.

Este sentido, este sindicato trasladará al comité de empresa la petición de una convocatoria de la comisión paritaria del convenio colectivo en la que se proceda a la firma de las nuevas tablas salariales y establezca el compromiso de pago de los atrasos.

Para CCOO la subida aprobada por el gobierno resulta de todo punto de vista insuficiente, por cuanto no garantiza el poder adquisitivo de los salarios en un sector como es le público en el que estos llevan años congelados; pero entiende que al menos este escaso incremento debe repercutirse en las nóminas de la plantilla de Algesa con la máxima celeridad.

Para los representantes de los trabajadores la empresa debe comprometerse de manera inmediata a dar cumplimiento a esta disposición legal y paliar la perdida de poder adquisitivo al que se ha visto sometida la plantilla en los últimos años. “Confiamos en que la dirección de Algesa sea receptiva a esta demanda y que actualice las nóminas desde este mismo mes y abone los atrasos devengados junto con los salarios del mes en curso”.

CCOO ha recordado que las medidas aprobadas por el Gobierno han repercutido de forma muy negativa en los trabajadores de Algesa que, entre otras cuestiones, perdieron un 4% de incremento salarial pactado en el anterior convenio colectivo y que no se pudo hacer efectivo por el imperativo legal dictado por el Gobierno central.

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